Constitución y reforma de los Estatutos
Expansión (12/12/05)
Que íbamos a vivir una semana convulsa políticamente era algo que se venía intuyendo desde hace tiempo. Algo previsible desde que el Partido Popular no asume por completo su derrota electoral y está dispuesto a lo que haga falta para recuperar el gobierno. Por otro lado, que dicha actitud, sobre todo respecto a temas tan importantes como la Constitución o la reforma de los Estatutos de autonomía, no es positiva para la concordia social y política, es algo en lo que se insiste hasta la saciedad sin hacer mella en los planteamientos de los populares.
Empezaba la semana con una manifestación el pasado día tres en Madrid que bajo la vana pretensión de defender la Constitución, sólo tenía como objetivo el cargar contra el Estatuto de Cataluña y muy especialmente contra José Luís Rodríguez Zapatero. El Partido Popular ha establecido como base de su razonamiento algunas premisas que cabe rebatir por falsas y malintencionadas:
El Partido Popular es la única fuerza política que defiende la Constitución. Parece mentira, a 27 años vista muchos de los que en su momento consideraban un error histórico la Carta Magna y especialmente la inclusión del término “nacionalidades” y el Título VIII, ahora se dedican a dar lecciones de “patriotismo constitucional” a aquellos que sí defendieron el texto con convicción e ilusión desde el primer día.
El proceso de reforma de los Estatutos de autonomía debe ser abortado de inmediato antes de que con él se fragmente España. Lo contrario es lo cierto. Sólo se fragmentará España si se enfrentan a unas Comunidades con otras y eso es precisamente lo que está consiguiendo la estrategia del Partido Popular, enfrentar a los ciudadanos y a las Comunidades con el único objetivo de un pretendido rédito electoral.
El Estatuto de Autonomía de Cataluña es el paso previo a la independencia de Cataluña. Nada más lejos de la realidad, sobre todo si se tiene en cuenta que las fuerzas políticas que dan soporte al texto, incluso las que se reclaman del nacionalismo, soberanismo o independentismo, asumen la Constitución como texto de referencia y las Cortes Generales como espacio adecuado para el acuerdo, y que para la elaboración del texto han seguido escrupulosamente los procedimientos legalmente establecidos y han recogido las recomendaciones de constitucionalidad emitidas por el máximo órgano consultivo de Cataluña, el Consell Consultiu de la Generalitat.
No es el momento de reformar los Estatutos de autonomía, sino de defender la Constitución. Precisamente defender la Constitución es asumir que dentro de ella todo es posible y discutible, incluida su reforma o la de los textos que conforman el bloque de constitucionalidad, en este caso los estatutos de autonomía. Lo que realmente atenta contra la Constitución es negar la capacidad que tienen los Parlamentos autonómicos y los ciudadanos para promover las reformas de los Estatutos, establecidas en los artículos 147.3 (“La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento que ellos mismos establezcan y requerirá, en cualquier caso, la aprobación de las Cortes Generales por ley orgánica”), 148.2 (“Habiendo transcurrido cinco años, y a través de la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente –la negrita es mía– sus competencias en el marco establecido por el artículo 149”) y 152.2 (“Una vez hayan sido sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, sólo podrán ser modificados mediante los procedimientos que ellos mismos establezcan y mediante referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes”).
Los argumentos del PP no se sostienen, sin necesidad de acogerse a necedades como las proferidas por el señor Acebes cuando afirmaba que ETA tutelaba la propuesta de Estatuto de Cataluña. Lo realmente perverso en el argumentario del PP es negar que se pueda discutir por parte de una Comunidad Autónoma si ésta debe tener o no más competencias, si debe mejorar su relación con el Estado en aquellos campos competenciales compartidos o si debe mejorar una financiación manifiestamente injusta. Y que todo ello pueda y deba hacerse por acuerdo en el marco parlamentario en el que reside la soberanía del pueblo español, es decir, las Cortes Generales. Quien niega esto, está negando el espíritu constitucional. Nunca mejor dicho: hay amores que matan.
