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La “autonomía” universitaria de la UCD

La “autonomía” universitaria de la UCD
(s.f.) 1979

Tras excesivas indecisiones parece ser que UCD se ha decidido a enviar a las Cortes su proyecto de Ley de autonomía universitaria. Supongo que querrán justificar el retraso, entre otros motivos, en la presentación a “consultas” hechas a diferentes estamentos universitarios y sociales; sin embargo, por el conocimiento que se tiene del proyecto no parece que algunas manifestaciones, las más representativas, de organismos universitarios hayan sido tenidas en cuenta. Como máximo exponente de estas manifestaciones podemos citar la reciente declaración del Consell Interuniversitari de Catalunya, sin olvidar las numerosísimas declaraciones en contra del proyecto de Juntas de Gobierno universitarias y las ya no tan recientes conclusiones del Seminario de Córdoba sobre autonomía universitaria.

Sería ingenuo esperar que el Gobierno haya reparado en considerar estas aportaciones a un tema que, por su interés y alcance, representa uno de los mayores desafíos que tiene ante sí la tan esperada reforma educativa. Sin embargo creo que, antes de continuar, es obligado citar la conclusión de la declaración del CIC: “El CIC entiende que el proyecto de ley de autonomía universitaria remitido a las Cortes no es aceptable y no constituye una seria contribución a la tan necesaria reforma de la Universidad en sus aspectos más esenciales”. La declaración es tajante y, a mi juicio, total y absolutamente justificada.

Muchos son los defectos atribuibles al mencionado proyecto, uno de ellos atendiendo a s la forma que se le pretende dar. Se pretende tramitar el proyecto como ley orgánica, vulnerando abiertamente la Constitución que reserva el título de ley orgánica a las leyes que regulan derechos fundamentales y libertades públicas; de todos es conocido que el contenido del proyecto va mucho más allá de su afán reglamentista.

Haciendo referencia estrictamente a su contenido, el proyecto acumula deficiencias artículo por artículo, cuyas disposiciones son cuando menos incoherentes, por no decir contrarias, al contenido de su exposición de motivos. Es completamente inaceptable que una ley de Autonomía Universitaria no defina a la Universidad como servicio público y llamándose ley de “autonomía” no representa más que una pobre descentralización administrativa. El proyecto, institucionalizando las universidades privadas, las exime de cualquier tipo de control democrático. Del afán reglamentista al que aludía antes tenemos un claro ejemplo al fijar el proyecto la composición del Claustro con un 60& de doctores, cosa que vistos los procesos constituyentes de las tres universidades catalanas resulta manifiestamente regresivo, y que por otra parte excede los límites que un proyecto de ley teóricamente destinado a amoldar la Universidad a una sociedad democrática y en constante evolución debería tener. El proyecto de ley consagra un gobierno bicéfalo de la universidad diferenciado los asuntos académicos de los económicos, imposibilitando el control de estos últimos por parte de los universitarios. Frente a esta concepción de la gestión universitaria, los socialistas propugnamos un gobierno único de la universidad con conexión constante con el conjunto de la sociedad. El proyecto, en otro orden de cosas, no respeta el principio de la unidad del presupuesto universitario, condición indispensable tanto para una adecuada asignación de los recursos económicos, como para permitir realmente la selección autónoma del profesorado y otro personal académico y no académico. En lo referente a la selección del profesorado, el proyecto no establece las vías que permitan a las universidades que dicha selección se efectúe con las debidas garantías de rigor, objetividad y control público. Como aspectos de interés prioritario para las comunidades autónomas y, en concreto, para Cataluña cabría, por último, resaltar el hecho de que el proyecto de ley tiene un contenido y alcance que impide que sea la Generalitat o el organismo autónomo en cuestión, quién, de acuerdo con la letra y el espíritu del Estatut, determine con precisión los límites y el perfil concreto de la autonomía de las universidades catalanas.

Por todo ello este proyecto de ley es inaceptable, esperemos que los grupos parlamentarios de la oposición logren un mejoramiento sustancial que permita que la ley aprobada sea realmente una Ley de Autonomía Universitaria.

Miquel Iceta
Secretario Estudiantil de Joventut Socialista de Catalunya