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Cupo, sí; cuponazo, no

Cupo, sí; cuponazo, no

El País, 16.05.97

Pronto se producirá el debate parlamentario sobre la negociación entre el Partido Popular y el PNV sobre la revisión del “cupo” vasco. El PSC ha mantenido siempre el criterio según el cual los resultados de negociaciones bilaterales opacas están viciadas de origen. Es muy difícil que las fuerzas políticas y las comunidades que no hayan participado en la negociación puedan aceptar de buen grado su resultado. Y menos aún si la negociación aparece como un mercadeo de apoyos parlamentarios. Es por ello que los Socialistas de Cataluña hemos defendido siempre un papel protagonista del Senado en estas cuestiones. La existencia de dos sistemas diferentes de financiación –el régimen común y el foral– tiene raíces históricas, consagradas constitucionalmente. Y en la Constitución se afirma también que no se pueden producir privilegios fiscales por motivos de residencia territorial. Así pues, la existencia de dos sistemas distintos no tiene porqué producir necesariamente diferencias en los resultados en la financiación por cápita. La forma técnica concreta en que se determinó el importe del “cupo” en 1987 (¡hace diez años!), sí que ha ido produciendo diferencias muy importantes entre las Comunidades Autónomas. Así por ejemplo, en el año 1994 el País Vasco obtuvo una financiación per cápita que era un 64% superior a la media de las Comunidades Autónomas del artículo 151, de similares niveles competenciales (229.193 pesetas per cápita y 139.973 pesetas per cápita, respectivamente). Si se hubiese querido equipararlas, se deberían haber añadido 1,67 billones de pesetas al sistema de financiación común.

En la actualidad, esta diferencia de ingresos per cápita entre haciendas forales y haciendas comunes, es el principal problema en lo que se refiere a la estabilidad del sistema de financiación autonómica de cara al futuro. Tanto es así, que mientras las Comunidades Autónomas de régimen común han ido eliminando prácticamente las diferencias entre ellas en cuanto a financiación general por cápita hasta el punto de que hoy Catalunya se sitúa en la media de las CC.AA. del artículo 151, el abismo entre éstas y las Comunidades Forales sigue profundizándose.

Desde el respeto a la existencia de dos sistemas distintos de financiación, debemos esforzarnos en reducir las notables diferencias en los resultados de la aplicación técnica de los mismos, porque de no avanzar en esa dirección, entre otras cosas, se acabará provocando inevitablemente la reclamación del concierto, “pacto fiscal”, o como quiera llamársele por parte de otras autonomías.

Por ello, los Socialistas de Cataluña insistimos en la necesidad de profundizar en el sistema de financiación autonómica aplicando los siguientes principios:

a) suficiencia de recursos e igualdad básica en la financiación de las competencias comunes.

Porque es garantía de igualdad en la posibilidad de prestación de servicios en cantidades y calidades parecidas a ciudadanos que tienen los mismos derechos sea cual sea el territorio en el que residan.

b) autonomía tributaria y corresponsabilidad fiscal.

Porque introduce una mayor conciencia del coste que implica el gasto autonómico, y, por tanto, de la necesidad de controlar democráticamente la forma en que los gobiernos autonómicos emplean sus recursos. Asimismo, la participación de las CC.AA. en la gestión tributaria es requisito imprescindible de la corresponsabilidad fiscal.

c) no discriminación de resultados entre los distintos modelos de financiación autonómica.

Porque no es inevitable ni necesario que los resultados producidos por ambos modelos sean tan diferentes. Para ello hay que poner en marcha un proceso, gradual en el tiempo, de equiparación de la financiación proporcionada a las diferentes autonomías.

d) la solidaridad y la transparencia como requisitos esenciales.

La igualdad de financiación general per cápita de las competencias comunes es la garantía esencial del principio de solidaridad en la financiación autonómica. Así, las Comunidades Autónomas de menor renta y menor capacidad fiscal reciben recursos que les posibilitan financiar la prestación del mismo nivel de servicios generales que las CC.AA. de mayor renta y capacidad fiscal. Adicionalmente, existen instrumentos específicos de reequilibrio dirigidos a las Comunidades menos desarrolladas.

e) la configuración del Senado como verdadera Cámara territorial.

Porque es necesario que las Comunidades Autónomas dispongan de un ámbito legislativo en el que puedan dialogar multilateralmente sobre todos los aspectos del Estado autonómico, incluida la financiación autonómica. Para ello, hay que reformar el Senado, reforzando el carácter autonómico en la elección de los Senadores y otorgándole el carácter de primera Cámara en los aspectos legislativos y de control vinculados a la organización del Estado.

Miquel Iceta Llorens

Diputado socialista al Congreso por Barcelona

Miembro de la Comisión Ejecutiva del PSC