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Un inocente en prisión

Un inocente en prisión
El Pais (03/12/97)

Filesa existió. El Partido Socialista se financió irregularmente en el pasado. Lo ha reconocido y ha pedido excusas por ello. Entre las causas de la derrota electoral de 1996 cabe destacar sobre todo la sanción ciudadana a los errores cometidos en el período 1982-1996, errores entre los que se encuentra la creación de Filesa. Errores que, por cierto, no anulan los efectos de lo que ha sido la etapa más próspera y solidaria en la historia contemporánea de España.

Apartados en su momento de la actividad política Guillermo Galeote y Carlos Navarro, en el último Congreso Federal del PSOE se produjo la renuncia a seguir en sus cargos de Felipe González y Alfonso Guerra, y es conocida ya la decisión de Felipe González de no volverse a presentar como candidato a la Presidencia del Gobierno en unas elecciones generales. ¿Puede alguien creer que en estas decisiones no subyace también la necesidad de dar una respuesta política a los errores del pasado? Y sin embargo para algunos parece que nada de esto es suficiente. Los socialistas o se cortan las venas o no están asumiendo sus responsabilidades políticas. Y eso lo afirman sin rubor dirigentes de fuerzas políticas cuya ejecutoria en cuanto a su propia financiación no es precisamente ejemplar. En todo caso, nosotros hemos confesado nuestro error, hemos asumido nuestras responsabilidades y hemos pedido disculpas a nuestros electores y a los ciudadanos en general. En los casos Naseiro, Sóller, Burgos, Zamora, Minería de Castilla-León, Casinos, Tragaperras, etc. no ha habido asunción alguna de responsabilidad. Por eso resulta chocante oír como algunos responsables políticos derraman verdaderas lágrimas de cocodrilo. ¿No sería mejor que admitiesen que sus organizaciones han cometido los mismos o parecidos errores, que hay que modificar la regulación de la financiación de los partidos políticos, y que la situación de los condenados por el “caso Filesa” es injusta y debe ser subsanada de inmediato? Resulta hiriente que la sonrisa que se esboza tras el bigote de Aznar hable de indulto. Que hable de justicia o que se calle. Que reconozca que su partido también se ha financiado irregularmente. Que se comprometa a no practicar nunca más la aberrante postura de ejercer la acusación popular en procesos judiciales que afecten a otras fuerzas políticas. Que cese su intento de impedir que el Partido Socialista pueda ejercer la labor de crítica y de oposición por la vía cínica de explotar sin escrúpulos problemas del pasado que, por desgracia, poco o mucho, han afectado al conjunto de fuerzas políticas.

Sobre el “caso Filesa” la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado sentencia. Una sentencia que no dudo en calificar de injusta. Injusta por lo que tiene de tratamiento distinto al que otros casos de financiación irregular de los partidos han tenido en sede judicial. ¿O se le ocurrió a alguien acusar a José María Aznar y al constructor Méndez Pozo de asociación ilícita? ¿O a Jordi Pujol y Artur Suqué? Muchos ciudadanos se escandalizan al ver como Enrique Lacalle que, según sus propias palabras, “pasaba el platillo”, sigue de Presidente del Consorcio de la Zona Franca mientras Josep Maria Sala está internado en la prisión de Can Brians.

La sentencia ha sorprendido por su severidad, por lo desproporcionado de sus penas. No me entra en la cabeza que a Carlos Navarro se le condene a casi el doble de tiempo que a los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Han sorprendido también las piruetas jurídicas para condenar a personas concretas de hechos relacionados con la financiación irregular de un partido que no es, en sí misma, constitutiva de delito. Acusar a militantes de un partido de asociación ilícita es absurdo. Quienes lucharon contra la dictadura saben bien qué era una asociación ilícita. Hoy ese tipo delictivo se aplica a actos de terrorismo o a colaboración con bandas armadas. Y si asociación ilícita es la que se forma para cometer delitos, hay que recordar que la financiación irregular de un partido no lo es, y que la responsabilidad penal por problemas económicos derivados de los procesos electorales corresponde a los Administradores de las campañas. No quisiera extenderme por falta de espacio en otras cuestiones como la atribución de responsabilidades de gestión empresarial a simples accionistas, o en hacer disquisiciones sobre la calificación de falsedad en documentos mercantiles; para ello me permito remitir al lector al interesante artículo de Inmaculada González de Lara y Gerardo Viada publicado en EL PAIS el pasado 19 de noviembre.

Y si la sentencia es injusta, lo es doblemente para Josep Maria Sala, persona inocente condenada por delitos que no cometió. En el PSC sabemos bien que no tuvo nada que ver con delito o irregularidad alguna. Nunca tuvo relación con Filesa y su relación con Time Export fue tan breve y esporádica que la propia sentencia lo admite en diversas ocasiones. Es lógico que se piense que los socialistas proclamamos su inocencia por razones políticas y de solidaridad personal. Pero lo relevante es que la sentencia no prueba su culpabilidad, vulnerando así la presunción de inocencia, y espero que el Tribunal Constitucional pueda apreciarlo. Porque la sentencia no aporta prueba material alguna que vincule a Josep Maria Sala con la comisión de los delitos por los que se le condena. Afirma la sentencia: “Son concluyentes las declaraciones del testigo principal, como son concluyentes los diferentes documentos acreditativos de la importancia que en el desarrollo de las sociedades tienen los acusados, aspecto personal realmente no desmentido por éstos”. Pero lo cierto es que el testigo principal, Van Schowen, declaró en el juicio que no conocía a Josep Maria Sala, que no le constaba ningún tipo de relación de éste con la financiación irregular que él denunció. Y lo cierto es que la ya famosa acta de Time Export de 30 de septiembre de 1987, en la que se produce la organización societaria de la empresa, no estaba firmada por Josep Maria Sala que, como declaró en el juicio el Secretario de la Junta de Accionistas, no asistió a la citada reunión. Y lo cierto es que Josep Maria Sala no sólo proclamó su inocencia, sino que en el juicio aportó pruebas para rebatir los argumentos del fiscal y de las acusaciones particulares de los dos José Marías, Aznar y Ruiz Mateos.

Un error de bulto como éste podría haber sido objeto de recurso ante un Tribunal de Justicia superior, pero el aforamiento de Josep Maria Sala obligó a que el juicio se desarrollara en el Tribunal Supremo, y la propia sentencia señala que contra ella no cabe recurso judicial alguno. Ello vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a una segunda instancia judicial, recogido en pactos internacionales de derechos civiles y políticos, en el caso de los aforados y, de forma aún más evidente, en el caso de los que no lo son. Sólo queda el Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional. Josep Maria Sala y otros condenados lo han presentado ya. Pero quienes le condenaron ni siquiera han querido esperar a que el Tribunal Constitucional pudiese admitir a trámite el Recurso de Amparo y pudiese suspender la ejecución de la sentencia.

Un inocente ha ingresado en prisión y yo me siento menos libre. Espero que pronto se corrija la injusticia para todos los condenados y se reconozca la inocencia de Josep Maria Sala, ajeno a cualquier delito o irregularidad, máxime teniendo en cuenta que la sentencia no aporta pruebas que demuestren su culpabilidad. En estas condiciones es lógico que Josep Maria Sala no pida el indulto. Él sólo pide justicia. Una Justicia que lleva una venda en los ojos para ser imparcial, no por ser ciega.