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Los socialistas y la elaboración del nuevo Estatuto

LA POSICIÓN DE LOS SOCIALISTAS SOBRE LA ELABORACIÓN DEL NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUNYA Y LA FUTURA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
TRIBUNA DE GIRONA (14 DE ABRIL DE 2005)

Conferencia a cargo de Miquel Iceta (Viceprimer Secretario y Portavoz del PSC, y Portavoz del Grupo Parlamentario Socialistes-Ciutadans pel Canvi)

El hecho de que la presente legislatura esté marcada por la elaboración del nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya y por la futura reforma de la Constitución española, no implica que estemos en un período constituyente: no comenzamos de cero.

Conviene, pues, hacer un balance objetivo de lo que ha supuesto para Catalunya y España la vigencia ininterrumpida a lo largo de 25 años de Constitución y Estatuto. Y espero que estén de acuerdo en que el balance es enormemente positivo. El último cuarto del siglo XX ha sido el período más largo de paz, democracia y prosperidad en España en los últimos tres siglos. Y para Catalunya este ha sido el período de más autogobierno y de mejor reconocimiento de nuestra personalidad nacional.

En palabras de Carles Viver i Pi-Sunyer, director del Instituto de Estudios Autonómicos: “El balance de estos cinco lustros ha de comenzar necesariamente con el reconocimiento del cambio radical y positivo que la Constitución española de 1978 y el Estatuto de autonomía de 1979 supusieron respecto a la tradicional organización centralista del poder estatal en España. Sin miedo de ser demasiado enfáticos, podemos afirmar que el Estatuto permitió que Catalunya recuperase no solamente su derecho a autogobernarse, sino también su dignidad colectiva como comunidad nacional. El Estatuto ha hecho posible que Catalunya disfrute del período más largo de autogobierno en su historia contemporánea”.

¿Cuáles son las competencias que hemos asumido? Derecho civil, cultura, patrimonio histórico, artístico y monumental, investigación, régimen local, ordenación del territorio y urbanismo, turismo, obras públicas, transportes, cooperativas, cámaras de comercio, colegios profesionales, asistencia social, planificación de la actividad económica, industria, agricultura, ordenación del crédito, banca y seguros, enseñanza, sanidad, etc. La Generalitat tiene hoy un presupuesto de 22.400 millones de euros (3,7 billones de las antiguas pesetas) y 130.000 funcionarios. Y, entre todos, hemos recuperado los elementos que configuran nuestra identidad en materia de lengua y cultura.

Conviene recordarlo de tanto en tanto, para no quedarnos instalados en una permanente sensación de insatisfacción o de fracaso. Nosotros no nos encontramos entre aquellos que menosprecian la Transición. Nosotros somos protagonistas o hijos de la transición. Y, por tanto, para nosotros está fuera de toda duda que Suárez, Tarradellas, González, Guerra, Abril Martorell, Solé Tura, Roca o Pujol, han sido decisivos y merecen nuestro reconocimiento. Como lo merecen también el Rey que acabó con el intento de golpe de Estado del 23-F, y también Gutiérrez Mellado y Serra que archivaron para siempre jamás la antigua vocación golpista del ejército español.

Pero el balance eminentemente positivo de este período no nos puede hacer pasar por alto algunas deficiencias y algunas faltas en el encaje de Catalunya y España que estamos ahora en condiciones de corregir.

¿Cuáles han sido estas deficiencias y estas faltas? El Instituto de Estudios Autonómicos en su Informe sobre la Reforma del Estatuto publicado en el año 2003, las agrupaba en 9 epígrafes:

a) Falta de capacidad de la Generalitat para fijar políticas propias en ámbitos materiales coherentes y completos.
b) Funciones ejecutivas fragmentadas y restringidas.
c) Falta de capacidad plena de autoorganización.
d) Inadaptación al modelo autonómico de la Administración estatal y de la Administración de Justicia.
e) Insuficiente participación en las instituciones y en las políticas estatales.
f) Déficits participativos en el ámbito de la Unión Europea y en la proyección exterior de Catalunya.
g) Falta de una financiación suficiente, estable y garantizado.
h) Insuficiente reconocimiento y garantía de la singularidad de Catalunya.
i) Riesgos de desnaturalización de las potestades legislativas de Catalunya.

Estas deficiencias y faltas han de ser corregidas por el nuevo Estatuto. Si quieren podemos resumirlo recordando cómo el Presidente Pujol hablaba de la necesidad de que la Generalitat tuviera más poder y más dinero, y cómo el Presidente Maragall insiste en el reconocimiento de la singularidad catalana y la transformación federal de España.

En estos momentos hay una amplísima mayoría en el Parlament de Catalunya que coincide en la necesidad de hacer un nuevo Estatuto para corregir estas deficiencias y faltas, y hay una mayoría en las Cortes Generales que está dispuesta a acoger favorablemente una propuesta que concite un amplio apoyo en Catalunya y que se enmarque en las previsiones constitucionales.

Ahora es, pues, el momento. Sería incomprensible que dejásemos pasar esta oportunidad. Y resulta cómico como todavía algunos se esfuerzan en decir que no saber encontrar diferencias entre PSOE y PP, entre el actual gobierno y el anterior. Cómico si recordamos que por primera vez en veinticinco años un gobierno de España ha ido a Bruselas a pedir el reconocimiento oficial del catalán. Cómico si recordamos que por primera vez desde nuestro ingreso en lo que entonces se denominaba Comunidad Económica Europea un gobierno de España ha firmado un acuerdo con todas las Comunidades Autónomas para que éstas puedan participar en las reuniones de las instituciones europeas a nivel ministerial. Cómico si tenemos presente que mañana el Consejo de Ministros aprobará la ley por la que se devolverán a Catalunya los documentos incautados a la Generalitat después de la Guerra Civil.

Ahora es el momento. Ha llegado la hora.

Quiero detallar ahora la posición del PSC sobre el nuevo Estatuto y también sobre la reforma constitucional, a partir de un determinado planteamiento político y filosófico que no es otro que nuestra doctrina federal, de pacto, de unión y libertad en palabras de Joan Maragall.

El PSC defiende el máximo autogobierno para Catalunya en el marco de la construcción de una España federal en una Europa federal. Este es nuestro objetivo.

España tiene que convertirse progresivamente en un Estado federal plurinacional. España ha de funcionar como la República Federal Alemana, sin olvidar que, a diferencia de Alemania, España es un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico. Y que los catalanes establecen su vinculación a España en tanto que catalanes, es decir, partiendo de la profunda convicción de que Catalunya es un sujeto político, una nación.

En efecto, Catalunya es una nación. Y España es una nación de naciones. Precisamente uno de los motivos del éxito del pacto constitucional de 1978 fue el establecimiento del Estado de las Autonomías, el reconocimiento de la existencia de “nacionalidades y regiones” y el encaje constitucional de los hechos diferenciales (ya sean derechos históricos, fueros, lenguas y culturas, derechos civiles privativos de determinadas Comunidades).

Nuestra propuesta federal no puede en ningún caso confundirse con el soberanismo. Nosotros partimos de la aceptación plena de la soberanía del pueblo español, consagrada en la Constitución, y queremos que los representantes políticos de esta soberanía (las Cortes Generales) tomen una serie de decisiones de gran importancia (reforma de los Estatutos, reforma de la Constitución, reforma de las leyes orgánicas) para la profundización del autogobierno de Catalunya y el pleno reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. Mientras las propuestas soberanistas buscan la independencia o una relación de Estado libre asociado, separando Catalunya de España nosotros hablamos de mecanismos de codecisión, o por decirlo en la feliz expresión de José Luis Rodríguez Zapatero en el debate sobre el plan Ibarretxe en el Congreso de los Diputados: “si vivimos juntos, hemos de decidir juntos”.

27 años después de la aprobación de la Constitución de 1978 y 26 años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Catalunya de 1979, nuestro objetivo es el de conseguir un gran acuerdo que resuelva el encaje de Catalunya en España a través de la aprobación de un nuevo Estatuto, la introducción de reformas institucionales que permitan mejorar significativamente el funcionamiento del Estado de las Autonomías y que aseguren el reconocimiento del carácter plurinacional de España, y la participación de la Generalitat (y el resto de Comunidades Autónomas) en las instituciones europeas.

La adecuada resolución del encaje de Catalunya en España ha de partir de la consideración de Catalunya como sujeto político, reconociendo que la aspiración de la nación catalana al autogobierno no se basa solo en el actual ordenamiento jurídico, sino que responde a una voluntad afirmada permanentemente a lo largo de la historia; contribuyendo al fomento y la unidad de la lengua catalana; respetando sin limitaciones el ejercicio de las competencias que la Generalitat ya tiene reconocidas y de las que haga falta que añadir ahora como fruto de la experiencia acumulada o de la aparición de nuevas necesidades; haciendo posible su participación en las instituciones europeas; considerando plenamente a la Generalitat como institución del Estado, e impulsando mecanismos de participación y codecisión como un Senado federal, en el que las cuestiones forales, lingüísticas, culturales o correspondientes al Derecho Civil propio tengan que contar necesariamente con el acuerdo de las Comunidades Autónomas directamente afectadas. Y esto no tiene que ser considerado un privilegio de ningún tipo, es, simplemente, el reconocimiento de una realidad plurinacional, la realidad de España.

Por lo que respecta a la futura reforma de la Constitución española, aspiramos a que se precise la distinción entre nacionalidades y regiones, y que se transforme profundamente el Senado a través de la reforma del Título III de la Constitución.

Para nosotros son nacionalidades (naciones) aquellas Comunidades formadas a lo largo de la historia, con lengua y cultura propias, con Derecho civil propio, con derechos forales reconocidos. 25 años después del pacto constitucional no sólo tiene que mantenerse la distinción entre nacionalidades y regiones, sino que resultaría oportuno precisar quién es quién. Somos conscientes de la dificultad de este planteamiento, pero nadie debería olvidar tampoco que la solución de la vertebración nacional y territorial española pasa por el reconocimiento de las diversas realidades nacionales que conviven en España. Y esto debería ser hoy más sencillo que en el año 1978.

La reforma del Senado es indispensable para la profundización del autogobierno y para la transformación federal de España. El Senado debería ser la Cámara de las Comunidades Autónomas, para que éstas acuerden cuestiones entre ellas, entre ellas y el Gobierno del Estado, y entre ellas y el Congreso de los Diputados, desarrollando así una función decisiva en la distribución territorial del poder del Estado, y abandonando el triste papel de cámara de segunda lectura. El Senado así concebido debería garantizar la defensa de la plurinacionalidad, la pluriculturalidad y el plurilingüísmo de España y podría asegurar la participación de las Comunidades Autónomas en cuatro cuestiones estratégicas y cruciales:

 la elaboración de la legislación del Estado, especialmente cuando afecte a la distribución territorial del poder político;
 la formación de la voluntad estatal en la Unión Europea;
 la designación de miembros de órganos constitucionales;
 la decisión sobre las cuestiones relativas a la financiación autonómica y a la territorialización de la inversiones del Estado.

Paso ahora a concretar nuestras posiciones sobre la elaboración del Estatuto. Como ésta es la cuarta conferencia de este ciclo, les supongo conocedores de la estructura que va teniendo el texto. Vayamos por orden:

1.- Preámbulo y título preliminar

El preámbulo, a pesar de lo que su nombre indica, se escribe al final y por tanto de él aún no hemos hablado todavía en la ponencia. Si existe voluntad de acuerdo no debería plantear mayores problemas. Tampoco hemos discutido sobre el título preliminar. Este título contiene definiciones de principio. Nosotros defenderemos la definición de Catalunya como nación y es bien conocida nuestra oposición a recoger el ejercicio del derecho de autodeterminación, que entendemos que es absolutamente contradictorio con un proceso de revisión del Estatuto e imposible de conciliar con las previsiones constitucionales. Para entendernos: nosotros creemos que más autogobierno y más lealtad van de la mano, no es posible el uno sin el otro. De la misma manera que no es lógico exigir hacer obras en una cosa de la que quieres irte.

2.- Derechos y deberes (garantías)

Proponemos la inclusión de un capítulo de derechos y deberes que, juntamente al de principios rectores de las políticas públicas, formen la parte más atractiva y comprensible de la reforma desde el punto de vista de los ciudadanos. Para nosotros más autogobierno y mejor financiación sólo tienen lógica desde la perspectiva de conseguir más calidad de vida y más justicia social. En este capítulo, hemos conseguido un acuerdo razonable en primera lectura sobre el tema lingüístico, que incorpora el deber de conocer el catalán. En el capítulo de garantías tenemos serias dudas sobre las nuevas funciones (casi legislativas, con dictámenes previos preceptivos y vinculantes) que se quiere atribuir al Consell Consultiu, y todavía tenemos más sobre la propuesta de creación de una Comisión de derechos estatutarios que consideramos insuficientemente justificada. Hay que recordar que CiU y PP se muestran contrarios a incorporar este capítulo de derechos y deberes y serían partidarios de remitirlo a una Carta de Derechos aprobada por el Parlament.

3.- Competencias

Compartimos plenamente el criterio de precisar el alcance de las competencias atribuidas a la Generalitat, para evitar su erosión por parte de una legislación básica del Estado que vaya más allá de la fijación de unas bases mínimas. La redacción propuesta por el Instituto de Estudios Autonómicos (IEA) es constitucional a partir de una lectura muy autonomista y abierta de la Constitución. Esto no quiere decir que no se puedan discutir algunos planteamientos jurídicos concretos y que no haya que revisar a fondo algunas cuestiones a causa de su dificultad técnica (espacio radioeléctrico, audiovisual, meteorología,…). Tampoco tenemos que desconocer la dificultad de encajar algunos planteamientos como la capacidad de convocar referéndums y consultas populares –sobre todo si no se quiere precisar que se trata de consultas sobre materias en las que Generalitat y Ayuntamientos tengan atribuidas competencias- o el conflicto entre competencias autonómicas en materia de régimen local y la garantía constitucional de la autonomía local. También defendemos la aprobación simultánea de la petición de activar la cesión a la Generalitat de la gestión de determinadas competencias que tiene reservadas el Estado a través de la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución (por ejemplo: inmigración, puertos, aeropuertos).

4.- Instituciones (Administración local, Organización territorial, Poder judicial)

En este capítulo encontraremos tres tipos de cuestiones diferentes: los referidos a la garantía de la autonomía local, los derivados de nuestra voluntad de que desaparezcan las provincias para impulsar una nueva organización territorial de Catalunya –y que la administración del Estado también se adapte a esta nueva organización-, y nuestra voluntad de reformar determinadas leyes orgánicas –de forma especial la Ley Orgánica del Poder Judicial, para territorializar la administración de justicia-. También habrá que precisar determinados aspectos de la organización del poder local y la necesidad de garantizar la suficiencia de su financiación. Este aspecto me lleva a reafirmar nuestro criterio de que hace falta que este Estatuto sea también el Estatuto de los Ayuntamientos catalanes, a diferencia del Estatuto de 1979 que no dedicaba demasiada atención a los gobiernos locales. Hay que recordar también aquí que CiU y PP se muestran contrarios a hacer una regulación extensa de las instituciones en el marco del Estatuto y remitirían esta cuestión a un futuro Estatuto interior.

5.- Relaciones con el Estado y otras Comunidades Autónomas

Defendemos el fortalecimiento de la función de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. Muchos de los problemas difíciles de resolver en este capítulo encontrarían adecuada solución si el Senado se convirtiera realmente en una Cámara de representación territorial. Aprovecho para hacer una reflexión sobre la bilateralidad. Para algunos partidos la solución a todos los problemas pasa por una relación bilateral de Catalunya con España. Es una manera particular de entender que Catalunya y España son realidades diferentes y separadas o de pensar que el gobierno de España representa, al resto de España, olvidando, entre otras cosas, el papel del resto de las Comunidades Autónomas. Si bien es cierto que una mejora de los mecanismos bilaterales de relación puede contribuir a resolver algunos problemas, no podemos olvidar que determinadas cuestiones han de tener necesariamente un enfoque multilateral.

6.- Relaciones con la Unión Europea y acción exterior de la Generalitat

En este capítulo se podrían hacer las mismas consideraciones que en el anterior. La línea apuntada por el reciente acuerdo sobre presencia de las Comunidades Autónomas en las instituciones europeas constituye un notable avance en la línea de lo que siempre hemos defendido.

7.- Financiación

Este será uno de los principales puntos del debate estatutario. El enfoque bilateral llevaría a la vía del concierto económico, que no compartimos. El enfoque multilateral o federal implica una gran capacidad de negociación con el resto de Comunidades Autónomas y con el Gobierno del Estado. Nuestra intención es hacer una propuesta que pueda ser de aplicación general. Todo el mundo ha de tener claro que el Estatuto no puede dejar de afrontar esta cuestión. Y tampoco se puede supeditar la formulación de una propuesta a la existencia de un acuerdo previo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nuestra propuesta partirá de los siguientes principios:

a) creación de la Agencia Tributaria de Catalunya con la responsabilidad de recaudar todos los impuestos pagados por los ciudadanos de Catalunya (esta Agencia podría establecer las formas más adecuadas de consorcio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria);

b) la Generalitat deberá tener una amplia capacidad normativa sobre estos impuestos;

c) una parte del rendimiento de estos impuestos corresponderá al Estado;

d) Catalunya ha de contribuir a la solidaridad con el resto de Comunidades Autónomas para que todas las CC.AA. puedan prestar niveles de servicios similares si hacen un esfuerzo fiscal similar;

e) esta solidaridad no puede ser ni opaca ni ilimitada ya que esto perjudicaría de forma injusta a los ciudadanos de Catalunya. Tal y como sucede en los países federales, los mecanismos de solidaridad se tienen que nivelar, pero no se han de igualar del todo. El nuevo sistema no ha de penalizar ni el esfuerzo fiscal ni la capacidad emprendedora de los que más aportan.

Creo que corresponde aquí hacer una breve reflexión sobre la polémica creada alrededor de las balanzas fiscales. En este sentido, hay que decir que las balanzas fiscales no sirven para construir el nuevo modelo de financiación, pero el debate sobre el déficit fiscal puede servir para conseguir tres objetivos:

a) convencer de la necesidad de una mayor transparencia de los flujos económicos;

b) demostrar que Catalunya no sólo es muy solidaria sino que su déficit fiscal es demasiado elevado y que hay que reducirlo;

c) utilizar esta metodología de cálculo para demostrar que la aplicación del sistema que finalmente se proponga supondría una reducción significativa del déficit fiscal (7,5% PIB catalán, según los cálculos más recientes).

En el debate sobre el nuevo sistema de financiación hay otras cuestiones que toman gran relevancia: la necesidad de acercar progresivamente el rendimiento del sistema común al del sistema foral, la exigencia de impedir que decisiones del Estado impliquen un mayor gasto autonómico sin proporcionar los recursos adecuados, la oportunidad de introducir algún mecanismo corrector para neutralizar costes diferenciales (precios públicos, peajes, inflación, presión migratoria) y la necesidad de aproximar el nivel de inversión pública estatal en Catalunya al peso de la aportación catalana al PIB español (única forma de no estrangular nuestro potencial de crecimiento).

Como este será el debate más complejo que deberemos afrontar me permito sugerir una forma de plantearlo intentando salir de la trampa de la insolidaridad en la que algunos quieren atraparnos. Para evitarlo sugiero vertebrar la discusión sobre algunos elementos que pueden favorecer la comprensión de nuestras posiciones al respecto y su asunción fuera de Catalunya. ¿Cuáles deberían ser estos elementos? Primero, la evidencia de que Catalunya necesita mejorar significativamente su financiación, para hacer frente a la necesidad de garantizar nuestra competitividad y aprovechar nuestro potencial de crecimiento económico –a través de una adecuada dotación de capital humano (infraestructuras)- y para hacer frente a nuestros déficits sociales (el impacto de la inmigración, la existencia de bolsas de pobreza y exclusión, el déficit sanitario, la problemática de la dependencia, y las nuevas necesidades educativas –la aplicación de la reforma y el reto de la etapa 0-3 años-). Segundo: la necesidad de un sistema transparente, justo y solidario, es decir, participado por las Comunidades Autónomas (haciendo de la Agencia Tributaria un consorcio donde participen de forma decisiva las Administraciones que lo deseen), que reduzca diferencias, que ayude más a los que más lo necesitan y, sobre todo, que no penalice el esfuerzo fiscal y emprendedor de los que más aportan. Creo que ésta es la forma más sensata de conducir el debate.

Llegados a este punto, permítanme que brevemente les señale algunos de los problemas que deberemos vencer cuando discutamos el Estatuto más allá del Ebro. Problema número uno: la financiación. Si todo cambio genera resistencias, este es el que más genera. Comenzando por las resistencias de los que dicen que de este tema no se tiene que hablar en el Estatuto. ¡Olvidando que el Estatuto vigente ya se habla! También es cierto que este problema sería menor si no fuesen tan altas las voces que exigen tratos estrictamente bilaterales o que pretenden que el Estatuto regule con todo detalle esta cuestión. Segundo problema: propuestas estatutarias que implican la reforma de determinadas leyes orgánicas estatales. Por ejemplo, la adecuación de la Administración de Justicia a la estructura autonómica de España. He de decirles que creo que hay que reducir tanto como podamos este planteamiento, de la misma manera que he de decirles que en este terreno de la justicia el planteamiento que estamos haciendo es impecable, inatacable, no se puede retrasar, “impepinable”… Tercer problema: el planteamiento de definir y precisar mejor las competencias ya atribuidas a la Generalitat es discutido por los que creen que un planteamiento de estas características implica negar la capacidad del Estado para fijar las bases de cada título competencial. Aquí he de decirles que esta crítica tendría fundamento si hiciésemos un uso poco madurado de este planteamiento normativo. Y espero que no será así, al menos no es ésta nuestra voluntad. Cuarto problema: nuestra pretensión de pedir la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución española para que el Estado transfiera a la Generalitat la ejecución de competencias a él reservadas (puertos y aeropuertos de interés general). También aquí se dice que la utilización abusiva de este precepto vaciaría de contenido el concepto de competencia estatal exclusiva. Nuevamente les digo que no es ésta nuestra voluntad. Pretendemos pedir la aplicación de este precepto en contadas y bien justificadas ocasiones. Quinto problema: meterse en libros de caballerías. Me explico. Si alguien quiere abrir debates sobre soberanías originarias, estamos perdidos. Y permítanme que lo diga en castellano: “a buen entendedor, pocas palabras bastan”.

Dentro de Catalunya. No les quiero esconder una preocupación que tenemos en estos momentos sobre la actitud de una fuerza política el concurso de la cual es imprescindible para que el Estatuto prospere. Sin citarla todos ustedes saben de quién hablo. De Convergència i Unió. Si CiU quiere habrá Estatuto. Si no, no. Lo recordaba el otro día el jefe de la oposición en el Pleno en que se conmemoraba el 25 aniversario de la recuperación del Parlament de Catalunya. Creo que no era la mejor ocasión precisamente para hacerlo. Pero lo cierto es que si CiU no quiere no tendremos Estatuto. Mucho se ha hablado de la incomodidad de CiU por el hecho de que la aprobación de un nuevo Estatuto se produzca cuando ellos están en la oposición después de 23 años de gobierno. No lo dudo.

Pero hay momentos en que los partidos han de saber poner por delante de sus intereses los intereses del país. Y ésta es una de esas ocasiones. No será bloqueando el Estatuto o tratando de erosionar la autoridad política del Presidente de la Generalitat como CiU volverá a recuperar la confianza ciudadana y el gobierno de Catalunya.

Creo que muchos militantes y dirigentes de CiU comparten esta opinión. Ayer mismo, Jaume Camps, ponente del Estatuto de 1979 y ponente del Estatuto de 2005, miembro de CiU, decía que estaba convencido de que su partido votaría el Estatuto y que, de no ser así, causaría baja en el partido.

Espero que Jaume Camps no tenga que renunciar a su militancia de más de 25 años.

Porque lo cierto es que, a pesar de que aún queda mucho por debatir, hoy ya podemos anunciar que en un par de meses podemos tener sobre la mesa un Estatuto nuevo, que suponga un avance significativo por lo que respecta al autogobierno de nuestra nación y una mejora no menos significativa de nuestra financiación. Y podemos decir que esta propuesta no tendrá mejores condiciones de aceptación en Madrid que las que representa el actual gobierno del PSOE.

En estas condiciones nadie entendería que, todos juntos, no hiciésemos todo lo posible para conseguir un gran consenso dentro de Catalunya que nos haga imparables fuera de Catalunya.

Muchas gracias.