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Les raons de Catalunya

LAS RAZONES DE CATALUÑA
ABC, 4.09.08

El debate sobre el nuevo modelo de financiación corre el riesgo de fracasar si somos incapaces de deshacer entuertos, corregir malentendidos y disipar prejuicios. Ello sólo es posible si centramos el debate en las razones de unos y otros. Cataluña tiene razones muy poderosas que hay que defender permanentemente. Ahí van algunas.

Uno de los prejuicios que hay que deshacer cuanto antes es el que pretende hacer pasar las reivindicaciones de la Generalitat como exigencia de privilegios. Se trata de todo lo contrario, Cataluña exige hoy acabar con la injusticia creada por el vigente sistema de financiación. También rechazamos que el nivel de reivindicación que se acepta con naturalidad cuando proviene de otras Comunidades parezca resultar intolerable cuando se trata de Cataluña.

No es de recibo que dos principios básicos que se aceptan con carácter general, que los presidentes de las comunidades autónomas tienen como principal función defender los intereses de sus respectivas comunidades y que los Estatutos de autonomía son leyes que deben cumplirse, sean para algunos inaceptables cuando se trata de Cataluña. Cataluña no exige privilegios sino un tratamiento justo.

El Gobierno de la Generalitat, al defender sus propuestas, está reclamando que se respeten las leyes, entre ellas, nuestro Estatut, negociado entre el Parlament de Catalunya y las Cortes Generales, aprobado por éstas y ratificado de forma mayoritaria por el pueblo catalán en referéndum.

El sistema de financiación vigente ha fracasado y ha perjudicado especialmente a las Comunidades con mayor aumento de población y que han ejercido la solidaridad de forma más intensa. Ese modelo, pactado entre los gobiernos del PP y CiU, y al que después se sumaron todas las comunidades autónomas, fue denunciado por el PSC en su día entre otros motivos porque no tenía cláusulas de revisión ni mecanismos de actualización.

La reivindicación catalana de un nuevo modelo de financiación tiene dos razones de fondo. La primera, compartida con otras Comunidades, es la falta de recursos de la Generalitat para atender las demandas sociales de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña en ejercicio de sus competencias. La segunda razón es la disfunción creada por los actuales mecanismos de nivelación y solidaridad, que penalizan a las comunidades que realizan una mayor contribución fiscal. Es insostenible la actual situación en que Cataluña puede destinar menos recursos por persona para atender la sanidad, la educación o los servicios sociales que otras comunidades que contribuyen menos al sistema. Debemos acabar con esa injusticia saliendo al paso de quienes acusan de una presunta insolidaridad a Cataluña cuando sólo buscan mantener una situación de privilegio que les beneficia.

Precisamente queremos poner a las personas en el centro de la financiación al reclamar que los mecanismos de nivelación actúen sobre los servicios universales del Estado de bienestar (sanidad, educación y servicios sociales).

Somos conscientes de que algunos piden que tensemos la cuerda con el único objetivo de que se rompa, pero no serán quienes aceptaron el anterior modelo quienes hoy puedan darnos lecciones de firmeza. Como tampoco aceptaremos que se nos pida por una responsabilidad mal entendida que abandonemos la defensa del Estatuto y de lo que consideramos justo.