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Catalanisme, federalisme i via estatutària

CATALANISMO, FEDERALISMO Y VÍA ESTATUTARIA

EL CORREO, 13.12.09

Cataluña es una nación porque los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña queremos autogobernarnos a través de nuestras instituciones. El éxito del catalanismo se mide por el nivel de autogobierno que podamos conseguir en un mundo de interdependencias crecientes y soberanías compartidas, y por la cohesión social que seamos capaces de alcanzar.

El autogobierno permite la defensa de los intereses de todos los catalanes, independientemente de su procedencia y ofrece la posibilidad de desarrollar un proyecto común de país en el que la identidad colectiva se va construyendo día a día como resultado de la dinámica social.

Defender que Cataluña es una nación no nos convierte en nacionalistas. Nosotros no tenemos como objetivo la soberanía o la independencia de Catalunya, ni creemos que el sentimiento de pertenencia nacional sirva para distinguir a las personas, ni para enfrentarlas, ni que la principal contradicción política sea la tan traída y llevada cuestión nacional, ni que la soberanía resuelva por sí sola los problemas sociales de ningún país.

Siempre hemos rechazado la idea de que una nación comporte una identidad nacional homogénea basada en razones étnicas, lingüísticas o culturales. Creemos posible que dos o más naciones pueden convivir en un mismo Estado. Para los nacionalistas una nación sin Estado es una anomalía a corregir tan rápidamente como se pueda. Para los nacionalistas la existencia de dos naciones en un mismo Estado implica necesariamente un conflicto entre soberanías e identidades.

Desde nuestro catalanismo los socialistas defendemos una relación federal entre Cataluña y España, precisamente porque no creemos que Cataluña y España sean realidades separables. Creemos que Cataluña es una nación plural y diversa. Y creemos también que España es una nación de naciones en la que nadie tiene por qué negar o discutir su identidad a otro.

Estamos convencidos de que el federalismo proporciona soluciones para una mejor relación entre Cataluña y el resto de España, entre otras cosas, porque supera el riesgo de confrontación entre identidades y una anacrónica discusión sobre soberanías originarias. Y también porque evita la ruptura de la sociedad catalana en función de la muy diversa identificación nacional de sus ciudadanos, uniendo a los que sólo pueden considerarse españoles si se respeta profundamente su catalanidad con los que no pueden concebir una Cataluña separada del resto de España.

Alguien puede pensar que el federalismo es cosa de ingenuos, pero sigue siendo la mejor alternativa a la confrontación entre nacionalismos, que, al fin y al cabo, no son más que el muro tras el que se esconden quienes tienen miedo a superar las diferencias nacionales, lingüísticas y culturales en una democracia pluralista avanzada. El federalista no tiene miedo al diferente, busca acercarse a él desde el respeto y con la voluntad de construir juntos el futuro.

Y desde esta perspectiva defendemos la vía estatutaria para desarrollar el autogobierno de Cataluña. Nuestro Estatuto es constitucional. Así lo entendió nuestro Parlament al votarlo, así lo entendieron las Cortes Generales al aprobarlo como ley orgánica después de un intenso proceso de negociación y así lo entendieron los ciudadanos de Catalunya que lo votaron en referéndum. Es la primera vez en nuestra historia democrática que una ley refrendada por el pueblo es recurrida al Tribunal Constitucional.

Como ha dicho el president Montilla, el Tribunal Constitucional debe juzgar plenamente constitucional toda norma que pueda tener una lectura acorde con la Carta Magna, evitando erigirse en una nueva Cámara legislativa que, en el caso del Estatuto, alteraría un texto sometido al voto de los ciudadanos y ciudadanas a los que ha de servir. Y recordaba también que la Constitución fue redactada, acordada y votada para unir, y que no debería utilizarse 30 años después para impedir la profundización del autogobierno. Los riesgos de no entenderlo así son enormes y sus consecuencias impredecibles.

Lo más lamentable de todo es que quienes dan hoy lecciones de constitucionalidad son quienes no aceptaban en 1978 el término nacionalidades ni el título VIII de la Constitución, y que quienes denuncian presiones sobre el Alto Tribunal son quienes llevan bloqueando dos años su renovación.