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Una reforma federal de la Constitució

Una reforma federal de la Constitución
El Siglo, 21.01.13

En el candente debate suscitado en Catalunya sobre el derecho a decidir y el futuro de las relaciones entre Catalunya y el resto de España, el PSC ha hecho pública en forma de propuesta de resolución su apuesta por la reforma federal de la Constitución. Dicha propuesta tiene como objetivo un Estado federal en el que se garantice el máximo autogobierno de la Generalitat, un trato fiscal justo y el reconocimiento de la identidad y cultura nacionales en el marco español y europeo.

La reforma federal de la Constitución española que perseguimos debe contemplar al menos cuatro aspectos especialmente relevantes:

Reglas: se trata de resolver de la mejor manera posible la cuestión del reparto competencial y garantizar el adecuado ejercicio de las competencias, incorporando cláusulas de tipo federal que fijen los límites al ejercicio competencial de cada administración para hacer realidad el principio según el cual el autogobierno debe permitir el desarrollo integral de políticas propias por parte de las Comunidades Autónomas, evitando al máximo el solapamiento competencial e impulsando la lealtad y la cooperación entre administraciones.

Recursos: se deben incluir en la Constitución las previsiones necesarias para alcanzar un pacto fiscal federal que contemple fundamentalmente: a) que la gestión, recaudación, liquidación de todos los impuestos corresponda a la Agencia Tributaria de Catalunya, que establecerá un consorcio tributario con la administración tributaria del Estado; b) que la contribución catalana a las finanzas del Estado integre la contribución a los gastos del Estado y la contribución a la solidaridad y a los mecanismos de nivelación; y c) que la solidaridad y los mecanismos de nivelación que se establezcan incorporen las previsiones adecuadas para garantizar que Catalunya no pierda capacidad fiscal una vez realizada su contribución a la solidaridad, respetando de forma escrupulosa el principio de ordinalidad.

Representación: a) reforma del Senado, con dos opciones posibles: i) una reforma para convertirlo en Cámara territorial o ii) su supresión en beneficio de un Consejo Federal integrado por delegados de los gobiernos autonómicos; y b) establecimiento de la capacidad de las Comunidades Autónomas de representar al Estado a nivel europeo e internacional en cuestiones relativas a sus competencias exclusivas, adoptando los adecuados mecanismos de coordinación.

Reconocimiento: la reforma constitucional incorporará el reconocimiento explícito y la garantía del carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico del Estado, dejando claro que el término nacionalidad ampara a aquellas Comunidades que se consideran a sí mismas como naciones.

En paralelo, los socialistas proponemos que el Parlament inste al Govern de la Generalitat a negociar y acordar con el Gobierno de España las reformas legales necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya puedan ejercer su derecho a decidir a través de un referéndum o consulta acordado en el marco de la legalidad, conciliando por tanto el principio democrático esgrimido por los partidarios de la consulta, con el principio de legalidad que rige todo Estado de derecho. Como se ha establecido claramente en Canadá, el ejercicio del derecho a decidir a través de una consulta acordada en el marco de la legalidad no puede en ningún caso confundirse con una declaración unilateral de soberanía, ni tampoco la victoria del planteamiento secesionista comporta automáticamente la independencia, sino la apertura de un procedimiento negociador de buena fe, cuyo acuerdo debe ser luego ratificado por las partes.

Como sostuvo en un reciente artículo el ex Lehendakari Patxi López: “Tratar de atajar el independentismo por la vía de evitar hablar del problema nos debilita a los defensores del Estado común compartido. Del mismo modo, oponer a su reclamación la unidad consagrada en la Constitución o, en su caso, el inalcanzable camino que esta traza para quien pretenda reformarla desde la periferia, lejos de suponer un freno a su desbordamiento por la vía de hecho, contribuye a deslegitimarla ante los sectores de nuestra sociedad que no vivieron la transición a la democracia”.

Se trata, pues, de ofrecer un mejor acomodo a las ansias de autogobierno de Catalunya y de encauzar democrática y legalmente el deseo de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya de decidir libremente su futuro.